PRONUNCIAMIENTO SOBRE SOBRE LA SITUACIÓN EN LA AMAZONIA PERUANA
El principal reclamo de los indígenas de nuestra amazonía es que los territorios sobre los que tienen derechos, el bosque del que depende su supervivencia, sea respetado, puesto que, el gobierno considera que el desarrollo de la amazonía implica dar las máximas facilidades para que la gran inversión nacional y extranjera disponga de los recursos que ella ofrece: gas, petróleo, madera, desarrollo de materia prima para bio combustibles, etc. dejando al margen el punto de vista alternativo el cual señala que nuestra principal riqueza exportable es la biodiversidad de estas zonas, el ecoturismo, el manejo integral y sostenible de los bosques (y no su tala y quema para productos de exportación), la captura de carbono por estos bosques y los fondos que generan los certificados de carbono en los mercados oficiales y voluntarios, que constituyen una verdadera riqueza exportable. Dicha posición del gobierno se explica por la entrega acelerada de concesiones petroleras (petroaudios y “faenón” de por medio), encontrándose que, el 72% de nuestra amazonía está cubierta por lotes de hidrocarburos (49 millones de hectáreas). Dichas concesiones se han hecho violentando el Convenio 169 de la OIT que establece la obligación de obtener un consentimiento previo de las poblaciones indígenas, razón por la cual, estas poblaciones exigen, entre otros, la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, que modificaron el tema de la transmisión de propiedad dentro de las comunidades.
Estas normas intentan incorporar al mercado a estas poblaciones de manera arbitraria, lo cual es opuesto a sus formas de organización ancestral que son básicamente de tipo comunitario, además de los potenciales daños que se generan al medio ambiente. Basta señalar que, entre noviembre de 2006 y marzo del 2009, ha habido 48 derrames de petróleo en los lotes de Pluspetrol, afectando los ríos Tigres y Corrientes. Además, en las 34 comunidades nativas de la zona, el Ministerio de Salud encontró que el 98% de menores sobrepasan los límites aceptables de cadmio en la sangre y el 66% los de plomo. En muchas zonas, la explotación petrolera o maderera ha afectado la pesca y la caza, actividades básicas para la sobrevivencia de estos pueblos, lo cual empeora aún más la situación que viven nuestros hermanos amazónicos. Según la ultima Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), la pobreza en la región selva alcanza al 59.5% de su población.Cabe señalar que ambos decretos fueron dados en virtud al TLC con Estados Unidos, por este motivo, las demandas de los pueblos amazónicos afectan el corazón del modelo económico neoliberal, al intentar frenar el proceso de desnacionalización de nuestra economía, pero sobre todo la entrega de nuestros recursos naturales a los grandes grupos económicos. Es una demanda que, si bien parte de la defensa de intereses locales, se convierte, por su contenido, en un conflicto de naturaleza nacional
Frente a la demanda amazónica el gobierno argumenta que los recursos de la amazonía son patrimonio del Estado y de todos los peruanos, por lo tanto, ni los pueblos indígenas ni las comunidades pueden reclamar la posesión y explotación de los recursos mineros o petroleros que ahí se encuentren. Estos son otorgados por el Estado en concesión para su explotación. Sin embargo, hasta el momento no existe desarrollo científico ni tecnológico que permita acceder al subsuelo sin pasar por el suelo. Por lo tanto, en la práctica, se vulnera los derechos de los propietarios del suelo, puesto que los desaloja de sus lugares ancestrales de residencia, además que contamina seriamente su hábitat. En los Estados Unidos, país tan admirado por nuestros actuales gobernantes, el propietario del suelo, es también propietario del subsuelo y es con él con el que hay que negociar las condiciones de explotación de las riquezas del subsuelo. Eso no quita que la nación toda se beneficie, pues a través de impuestos, el Estado participa de la riqueza extraída y la redistribuye al resto de la Nación. Sin embargo, para el gobierno los derechos de propiedad de los pueblos indígenas son de inferior categoría que los de los grandes inversores.
Por estas razones, además de la inconstitucionalidad de los decretos legislativos, la demanda amazónica ha sido respaldada por la Defensora del Pueblo y por la Comisión Multipartidaria del Congreso nombrada en agosto del 2008 para examinar los decretos cuestionados. Sin embargo, el gobierno del APRA se empecina en mantener dichos decretos, llegando hasta un innecesario derramamiento de sangre, del cual es el principal responsable, expresando una vez mas, el desprecio que en su gran mayoría, los gobernantes y los grupos de poder económico muestran hacia nuestro pueblo, sean estos policías o nativos, siendo estos últimos, históricamente afectados por la marginación y la exclusión, problemas que tienen raíces estructurales.
Nuestra agrupación considera que, como estudiantes concientes y comprometidos con el cambio, no podemos pasar por alto estos acontecimientos que nos deben llevar a la reflexión y a la acción , manifestando por todos los medios posible esta realidad, la cual hace inviable implementar un plan de desarrollo como nación y por ende una economía con carácter realmente democrático, puesto que en un país donde las desigualdades sociales son tan pronunciadas, las repetición de estos trágicos acontecimientos ya no resulta extraña. Por lo tanto, nos sumamos a la convocatoria hecha por las diferentes organizaciones sociales para el día jueves 11 de junio y de esta manera expresar nuestra disconformidad con esta situación.
¡ESTE 11 DE JUNIO, ESTUDIANTES CONCIENTES AL LADO DE NUESTRO PUEBLO!
¡POR UNA ECONOMIA AL SERVICIO DEL DESARROLLO NACIONAL UNETE AL CAMBIO!
